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Archivada la querella contra el ex alcalde Enrique Abad por irregularidades urbanísticas
Actualidad - Política
27 de Julio de 2010
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha archivado una querella interpuesta contra el ex alcalde de La Rinconada (Sevilla) y senador en las Cortes Generales Enrique Abad Benedicto (PSOE), al que los querellantes acusaban de haberse puesto de acuerdo, junto a otras personas, para adquirir, "forzando los cauces legales o incluso al margen de los mismos y por precios inferiores a los de mercado, la totalidad de los terrenos de Pago del Medio", todo ello al objeto de "controlar el desarrollo urbanístico de la zona, comprendiendo la vivienda de protección oficial pero también la vivienda libre".
En este sentido, la querella va dirigida también contra la ex consejera de Obras Públicas de la Junta Concepción Gutiérrez; el actual alcalde de la localidad, Javier Fernández de los Ríos, y contra concejales socialistas de dos equipos municipales diferentes, así como contra la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y el propio Ayuntamiento de la Rinconada, a los que los querellantes acusaban de los presuntos delitos de coacciones, prevaricación, expropiación ilegal y malversación.
El Supremo se pronuncia únicamente sobre el caso del ex alcalde de La Rinconada, debido a su condición de senador y por tanto de aforado, y procede a inadmitir la querella y a archivar la causa, tal y como había solicitado la Fiscalía al entender que los hechos descritos no son constitutivos de delito. Asimismo, y respecto al resto de los querellados, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declara incompetente.
Los querellantes aseguran que "habrían recibido un trato económico discriminatorio, concretado en la oferta de precios muy bajos, con la advertencia de que, de no pasar por ellos, serían expropiados, como efectivamente lo fueron", todo ello además "tratando las fincas como rústicas, sin serlo, y siguiendo el procedimiento de tasación conjunta con el pretexto de la similitud de las características de las mismas, que no era real", por lo que los afectados "tuvieron que oponerse".
Según los querellantes, el Ayuntamiento de La Rinconada, "contando con la colaboración" de EPSA, "expropió a una treintena de agricultores, en ciertos casos por la vía de urgencia, pagando precios sensiblemente inferiores a los de otros casos, para el desarrollo de una actuación urbanística que todavía estaría pendiente de ejecución", siendo la primera "irregularidad" el hecho de "utilizar una expropiación ilegal para privar a los propietarios legítimos de una explotación agraria de terrenos que, una vez en manos municipales, habrían pasado a otras públicas para mantener la misma dedicación".
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